La Diputación de Málaga, a través de la delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación Internacional destinará 500.000 euros para la concesión de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro con el fin de que adquieran vehículos para mejorar el servicio que prestan a sus usuarios.
Así lo ha anunciado el diputado de Tercer Sector, Francisco José Martín, que ha explicado que nueva convocatoria que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia del jueves 21 de julio de 2022, permitirá que aquellas entidades sociales (asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro) que desarrollan proyectos de acción social en municipios menores de 20.000 habitantes puedan adquirir vehículos para la prestación de una atención adecuada y de calidad a sus usuarios en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o que se encuentren en alguna otra situación de vulnerabilidad.
Martín ha explicado que estos fondos son los que se destinaban anteriormente a la compra de material sanitario para las entidades sociales y que ahora se invierten en un nuevo proyecto.
Cada entidad, con sede social en la provincia de Málaga, sólo podrá presentar una única solicitud y para un único vehículo desde hoy 22 de julio y hasta el 11 de agosto inclusive. El importe máximo a subvencionar será 50.000 euros.
Para la concesión de las subvenciones, que se hará en régimen de concurrencia competitiva, se tendrán en cuenta diferentes criterios siendo prioritaria la adquisición de vehículos de cero a bajas emisiones e impulsar la electrificación de la movilidad mediante un mayor despliegue de infraestructuras de recarga, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea en su lucha contra el cambio climático.
Martín ha explicado que por eso se busca animar a las entidades sociales a que adquieran modelos de movilidad más eficientes, premiando e incentivando el uso de coches eléctricos, vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidos conforme la normativa comunitaria, junto a otros criterios como la inexistencia de otros vehículos afectos a los fines de la entidad, que dispongan de vehículos con más de 10 años de antigüedad. También se valorará el hecho de que la adquisición del vehículo en un aumento significativo en la prestación de sus servicios, ya sea para el desplazamiento de técnicos de la entidad a los municipios o para el transporte de los usuarios a la sede donde la entidad presta los servicios.
