La Diputación de Málaga ha reunido hoy a 260 personas de manera personal y online en unas jornadas sobre la transparencia y la protección de datos en las entidades locales, organizadas por la institución provincial con la colaboración del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía. Una jornada práctica, celebrada en el auditorio Edgar Neville, cuyo objetivo ha sido facilitar a quienes desempeñan su trabajo en entidades públicas y autoridades, los instrumentos que permitan avanzar en el cumplimiento de la ley, entendido el cumplimiento de la ley como una modalidad de prestación de los servicios públicos, de consolidación democrática, de lucha contra la corrupción y de desarrollo económico.
Durante las jornadas se han abordado de la mano de expertos, temas como la unidad de transparencia y el delegado de protección de datos como facilitadores del cumplimiento de la normativa; la protección de datos personales como límite en el derecho de acceso a la información pública y el papel de la Diputación de Málaga en la asistencia en materia de transparencia y protección de datos.
Por tanto, se ha contado con la participación de la jefa de la Unidad de Transparencia, Gobierno Abierto y Responsabilidad Social Corporativa de la Diputación de Málaga, Concepción Labao, del director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Benedicto Carrión, junto al director de Área de Transparencia Israel Adán y el director del Área de Protección de Datos, José Luis Falcón. Asimismo, ha participado el delegado de Protección de Datos de la Diputación de Málaga, Carlos Primitivo Salcedo.
El vicepresidente cuarto y diputado de Transparencia, Gobierno Abierto, y Responsabilidad Social Corporativa, Cristóbal Ortega, ha destacado que “es de extraordinaria importancia para la articulación de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, el control de la actividad pública, la lucha contra la corrupción y la evaluación de las políticas públicas, siendo, además, las sociedades en las que la transparencia lubrica el funcionamiento de sus instituciones públicas, las que gozan de más largas tradiciones democráticas y estabilidad política”.
“El trabajo emprendido hace ya seis años ha de tener una continuidad y exige el compromiso de todas las personas que prestan servicios en las administraciones públicas para alcanzar los objetivos con éxito”, ha añadido.
La transparencia y protección de datos en la Diputación
En este sentido, en materia de transparencia, la Diputación de Málaga puso en marcha su Portal de Transparencia en el año 2013. Años más tarde aprobó la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información, así como la Instrucción que viene a desarrollar esta Ordenanza en la Diputación de Málaga.
Tal y como ha informado Ortega, gracias al Plan de Asistencia y Cooperación de la institución provincial los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes pueden adherirse a los programas de Transparencia Municipal y Datos Abiertos, de los que se benefician 85 ayuntamientos, así como asistencia para el cumplimiento y adecuación al marco normativo en materia de seguridad de la información y protección de datos, a los que están acogidos 73 municipios.
“En el ámbito de la transparencia, en el que el acceso a la información pública y las normas del buen gobierno deben ser los ejes de toda acción política, la Diputación de Málaga colabora económicamente con las entidades locales beneficiarias de este programa en la implementación de su Portal Municipal de Transparencia que integra la información de la gestión municipal de mayor interés para la ciudadanía, ofreciéndola de manera accesible y directa, de acuerdo con los requisitos de las leyes de transparencia”, ha recordado.
En este sentido, la Diputación ha prestado asistencia a 72 municipios de la provincia en la gestión de los contenidos de su Portal de Transparencia Municipal que utilizan 110 organismos públicos, que contiene 51.655 documentos publicados y 20.342 eventos en agendas institucionales. Además, un total de 256 de solicitudes de información por parte de la ciudadanía han sido atendidas.
En cuanto a la protección de datos, la Diputación ha asumido con personal propio las funciones de Delegado de Protección de Datos para los 82 ayuntamientos menores de 25.000 habitantes que lo han solicitado y serán 85 en 2023. Además, se han resuelto un total de 244 consultas al personal de esos ayuntamientos en materia de Protección de Datos, se han detectado y solucionado incidentes de seguridad de diferentes tipos y se han notificado 20 brechas de seguridad al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de los cuales 8 corresponden a los municipios y 12 a la Diputación.
Ortega ha informado que en este momento “nuestros esfuerzos están centrados en la consecución de la Certificación de Conformidad al Esquema Nacional de Seguridad de los sistemas de información de los municipios a los que se presta asistencia. Para alcanzar este objetivo se están ejecutando, en la actualidad, los contratos de “Servicio de instalación de medidas de seguridad, Servicio de Seguridad Gestionada vSOC” y el denominado ‘Proyecto µCeENS’ (MICROCENS) en el que colaboramos con el ‘Centro Criptológico Nacional’ y cuyo ámbito de aplicación son las entidades del sector público con un nivel de madurez bajo, especialmente las entidades locales pequeñas”.
Protección contra los ciberataques
Por otra parte, tras la invasión de Rusia a Ucrania y el consiguiente aumento de ciberataques en 2022, siguiendo las directrices marcadas por el Centro Criptológico Nacional, se ha desplegado un conjunto de medidas de seguridad para prevenir estos ataques cibernéticos y asegurar la disponibilidad de la red informática de la Diputación de Málaga y de los 82 Ayuntamientos a los que presta asistencia, con la puesta en marcha de un Centro Virtual de Operaciones de Seguridad en 4.800 equipos de la Diputación y de Ayuntamientos, y con la aplicación de medidas de seguridad software en 1.600 equipos de los Ayuntamientos.
Cumplimiento de la legislación
Por su parte, el director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha subrayado que, transcurridos más de seis años desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el cumplimiento de la legislación «está asentado en la mayoría de las administraciones públicas andaluzas y sujetos obligados», aunque ha reconocido que «aún quedan ciertos ámbitos en los que se pueden encontrar mayores dificultades para el cumplimiento». «Como regla general, los poderes públicos andaluces son más transparentes desde 2015 y la cultura de la transparencia, poco a poco, va calando en todas las organizaciones, desde los cargos directivos hasta la última pieza de la institución», ha enfatizado.
Además, Jiménez ha indicado que «los destinatarios cumplen con sus obligaciones de publicidad activa y mantienen publicada importante información que contribuyen al conocimiento de su funcionamiento». No obstante, ha asegurado que «se detectan incumplimientos por desconocimiento de la normativa y/o por falta de medios personales y materiales».
Por otro lado, y en el ámbito de la protección de datos, el director de la autoridad de control ha hecho especial referencia al «impacto que el uso de la tecnología puede suponer en relación con los derechos y libertades de las personas y, en particular, sobre el tratamiento sus datos personales».
En este sentido, ha añadido que las “nuevas tecnologías ofrecen a la Administración eficiencia, eficacia, simplificación, ahorro de costes”, entre otros y “es la propia administración la que tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos en el diseño, implantación y gestión de los datos que se traten; de identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos esos datos, de garantizar la seguridad jurídica y de cumplir las normas específicas de transparencia, tanto de publicidad activa como para el ejercicio del derecho de acceso».
