El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado en contra de la empresa municipal Innoben, que gestiona la señalética y el transporte urbano de Benalmádena, declarando improcedente el despido de su exgerente, Eva Fortes, en julio de 2023. La empresa deberá optar entre su readmisión en las mismas condiciones o indemnizarla conforme a la legislación vigente.
Independientemente de que se interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la decisión final recae en Fortes, quien podrá elegir entre reincorporarse a su puesto o recibir una compensación económica. Además, la sentencia obliga a Innoben a abonarle los salarios no percibidos desde su despido, así como la parte proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones pendientes.
El fallo del TSJA argumenta que la relación laboral entre Fortes e Innoben era de carácter común y no un contrato especial de alta dirección, lo que implica que la empresa municipal vulneró el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1382/1985. En consecuencia, el tribunal confirma la improcedencia del despido y establece los efectos legales pertinentes, según los artículos 56 del Estatuto de los Trabajadores y 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
La abogada de Fortes, Elisa Jurado, ha expresado la satisfacción de su clienta con la sentencia y ha afirmado que está dispuesta a reincorporarse a su puesto con el mismo compromiso profesional que ha demostrado en su carrera tanto en el sector público como en el privado.
Fortes asumió la gerencia de Innoben durante el mandato del Partido Popular y continuó en el cargo bajo la administración socialista, hasta ser cesada tras el regreso del PP a la Alcaldía en las pasadas elecciones.
Un nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Benalmádena
Esta sentencia supone el segundo golpe judicial que el TSJA asesta al Ayuntamiento de Benalmádena en pocos meses. Previamente, el consistorio perdió un litigio contra Grupo Tremón, propietario del parque de atracciones Tívoli.
El fallo responde al recurso de suplicación interpuesto por Fortes, aunque la empresa municipal aún tiene la opción de recurrir al Tribunal Supremo. No obstante, esta posibilidad podría prolongar el litigio durante años y generar un coste adicional para las arcas municipales.
En paralelo, el Ayuntamiento decidió recientemente no recurrir la sentencia del TSJA que anuló la recalificación urbanística destinada a proteger los terrenos de Tívoli. Siguiendo esa línea de actuación, es posible que en el caso de Fortes tampoco se opte por recurrir, especialmente considerando las implicaciones económicas y legales de un proceso prolongado.
Si finalmente Innoben decide presentar recurso, deberá mantener a Fortes en su puesto con alta en la Seguridad Social y abono de su salario, además de consignar 600 euros en la cuenta del juzgado y la cantidad correspondiente a la condena, que podría ser sustituida por un aval de duración indefinida y pago inmediato.
