La portavoz de Hacienda del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y diputada nacional por Málaga, Carolina España, ha asegurado hoy que esta formación va a hacer todo lo posible para revertir “el atraco al ahorro de los ciudadanos”, después de que la Federación Española de Municipios y Provincias, con el apoyo del PSOE, acordara con el Ministerio de Hacienda que éste tenga acceso al superávit de los ayuntamientos.
“Han aprobado incautar el ahorro a los ayuntamientos, que en el fondo es el dinero de los vecinos, que son los que dotan de fondos a la administración a través de los impuestos”, ha recalcado la dirigente popular, que ha lamentado que esta “expropiación” alcance los 15.000 millones de euros. Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa en Málaga en la que ha comparecido junto a la vicepresidenta del PP de Málaga y vicepresidenta segunda de la Diputación, Margarita del Cid, y el vicesecretario de Política Municipal del PP malagueño, José Antonio Víquez.
“Se confiscan los ahorros para pagar el Gobierno más caro de la historia”, ha criticado la diputada nacional, que ha informado de que se ha solicitado la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique en el Congreso de los Diputados “cómo es posible que en el peor momento se quiera quitar el ahorro a los ayuntamientos cuando el actual Ejecutivo es el que más gasta en asesores, con hasta 732 altos cargos”.
“El Gobierno es el primero que debería ajustarse el cinturón, como están haciendo los españoles”, ha recalcado España, que ha mostrado su incomprensión ante el hecho de que desde el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias “se diga que lo peor ha pasado mientras meten la mano en el bolsillo de los ayuntamientos”.
“Que les digan también que lo peor ha pasado al millón de españoles que ha perdido su empleo en el último trimestre, a los que todavía no han cobrado su prestación por ERTE, o precisamente a los ayuntamientos, las administraciones que, con recursos limitados, han estado al frente de la pandemia desde el primer momento”, ha sostenido la dirigente popular.
Por su parte, Del Cid ha adelantado que desde la Diputación de Málaga ya se trabaja en una cobertura jurídica contra este acuerdo, ante el convencimiento de que es “un ataque al modelo de Estado, a la suficiencia económica de las entidades locales y, en definitiva, un ataque a la autonomía local”.
“No podemos estar subordinados a la intervención del Estado, así lo deja claro la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Abogacía del Estado, que recalca que lo que puede llevar a cabo la Administración central son labores de coordinación”, ha precisado Del Cid, que además ha argumentado que el acuerdo alcanzado entre la FEMP y Hacienda “es discriminatorio”.
“Lo es porque se advierte de que las entidades locales que no se acojan voluntariamente a este acuerdo, quedarán automáticamente fuera de cualquier tipo de ayuda derivada de los fondos europeos. Esto no es legal, las discriminaciones legislativas sólo pueden ser en positivo”, ha explicado.
En cuanto a la petición de dimisión del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, por parte del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; Del Cid ha explicado que durante todos estos meses desde que se declaró la pandemia “se ha llevado a cabo una intensa labor de coordinación entre las entidades locales, y en ese contexto, Caballero comunicó a los presidentes de las diputaciones que jamás permitiría que el Gobierno central metiese la mano en la caja de las entidades locales”. “Esto sólo puede obedecer a un engaño; o Caballero ha sido engañado por el PSOE, por lo que debería dimitir; o él ha sido quien ha orquestado el engaño, por lo que también debería dimitir”, ha subrayado.
Por último, Víquez ha recalcado la oposición frontal del PP malagueño a una propuesta que ha calificado como “una incautación, un atraco y un chantaje al municipalismo”, que además “choca claramente con artículos de la Constitución Española como es el 137, que refrenda la autonomía local”.
“En lo peor de la pandemia, Sánchez e Iglesias se olvidaron de los ayuntamientos y ahora se acuerdan de nosotros pero para financiarse ellos”, ha lamentado el también alcalde de Yunquera, que ha puesto como ejemplo que con los fondos que el Estado quiere intervenir, “un ayuntamiento mediano o pequeño afronta la construcción de centros de días, de centros de salud, la depuración de aguas, la construcción o mejora de caminos; así como la articulación de tantas ayudas sociales como van a hacer falta en los próximos meses”.
