Los diputados nacionales por el PP de Málaga Carolina España y Mario Cortés han advertido hoy de que “la escalada desorbitada del precio de la luz repercute directamente en la obra pública y privada al elevar significativamente el coste de los materiales de construcción”, marco en el que han exigido al Gobierno que tome “medidas a corto plazo para atajar esta inflación que afecta a familias, empresas y también a las administraciones”.
Así lo han expuesto junto al diputado provincial y coordinador de Gestión del Territorio, Urbanismo y Movilidad del PP de Málaga, Francisco Oblaré, tras mantener una reunión con representantes de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), destacando que “el incremento de la factura eléctrica lleva aparejado el encarecimiento de la cesta de la compra, del gas o de los carburantes y afecta directamente a un sector clave para el empleo como es la construcción, planteando igualmente un problema añadido para compradores y administraciones”, ha explicado España.
De este modo, ha anunciado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para pedir la incorporación de cláusulas de revisión de precios que ayuden a amortiguar esta subida, haciendo hincapié en “la necesidad de favorecer el atractivo de esta actividad entre los jóvenes para la creación de mano de obra especializada y cualificada, una dificultad actual que nos trasladan desde el sector”, ha alertado.
Asimismo, España ha resaltado “la apuesta del Partido Popular para simplificar los trámites administrativos, la burocracia y la hiperregulación, que venían suponiendo un lastre para el sector de la construcción en nuestra tierra”, apuntando que “la futura Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (LISTA) acelerará la tramitación de hasta un 77% de los planeamientos urbanísticos pendientes de aprobar en la provincia de Málaga”. “Esta Ley finaliza hoy el plazo de enmiendas, que posteriormente serán debatidas y analizadas, estando prevista su aprobación para mediados de noviembre”, ha abundado España.
“Hemos abordado con los profesionales del sector cómo las leyes urbanísticas de los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía han resultado un fracaso, hasta el punto de que sólo 24 municipios de los 103 que tiene nuestra provincia tienen su planeamiento urbanístico adaptado a la normativa vigente”.
Al respecto, la dirigente popular ha incidido en que “esta maraña normativa impuesta por el PSOE arroja más de 350.000 viviendas irregulares en la región, por lo que esta nueva norma pondrá fin a décadas de desaciertos, simplificando y agilizando la aprobación de los planeamientos y poniendo fin a un caos urbanístico que dilataba la aprobación de los PGOU en torno a 10 ó 12 años de media, algo inasumible”, ha lamentado.
Además, España ha subrayado “la falta de iniciativa del Gobierno de Sánchez con la provincia de Málaga”, recordando que “el PP presupuestó una partida de seis millones de euros e inició los estudios del tren litoral, un proyecto que el PSOE ha metido en un cajón y lo ha cerrado con llave”, criticando igualmente que “resolviera el contrato que el PP adjudicó en marzo de 2018 para ejecutar el acceso norte al aeropuerto o que la Junta vaya a asumir el desdoblamiento hacia Alhaurín de la Torre ante el abandono de este Ejecutivo, el más caro de la historia”, ha criticado.
Efectos colaterales de la factura eléctrica
Por su parte, Cortés ha incidido en que “los ciudadanos tienen que saber que un aumento del 200% en la factura de la luz produce efectos colaterales muy dañinos para la economía y para el bolsillo”, apuntando que “el Índice de Precios Industriales, que marca el coste de los productos antes de salir de fábrica, se ha visto incrementado un 15% respecto al año pasado”.
Al respecto, ha puntualizado que “las fábricas, que no pueden modificar sus horarios de producción ni cambiar los turnos de sus plantillas, alertan del sobrecoste de productos como el cemento, el hormigón, el acero, el plástico, el aluminio, el cobre, el azulejo o la madera, lo que se traduce en un aumento de los costes de la obra privada y también de la obra civil”
Como ejemplo, Cortés ha relatado que “la bobina de acero vale un 50% más desde abril, mientras que el aluminio se ha encarecido un 25%, alcanzando el precio más alto de la década; si bien el cobre ha subido un 61%, el hierro y ferroaleaciones un 30%, y los elementos metálicos un 7%”. “El precio de la madera se ha incrementado un 110% desde marzo de 2020, mientras que el cemento o el hormigón también se han disparado por las meteóricas subidas de los precios del CO2”, ha enumerado.
“La inflación general ya ha subido un 4%, lo que afecta al bolsillo de todos los españoles y a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que verán incrementado el coste de la obra pública”, ha apostillado, indicando que “la venta de CO2 se disparó por la gestión de este Gobierno y ahora se han disparado los costes de producción por derivados de cementos, asfaltos y otros materiales”.
Cortés ha valorado como “totalmente insuficientes” las medidas adoptadas por parte del Gobierno para atajar la escalada de la factura eléctrica y todo el incremento que lleva aparejado tanto para la industria como para las familias”.
Por último, Oblaré ha reivindicado la necesidad de “reformar la Ley de Contratación por parte del Estado, lo que permitirá revisar esas licitaciones ante esta actualización de precios tan importante”, marco en el que ha reclamado al Ejecutivo “agilidad para reaccionar y que las obras públicas puedan mantener el ritmo”.
“Estamos hablando de un sector fundamental para la recuperación en la provincia de Málaga tras la pandemia, al resultar clave para la ejecución de las actuaciones enmarcadas en los fondos Next Generation”, ha concluido Oblaré.
