· Castilla advierte de que “no es momento de plantear un cambio de modelo, como ha hecho la ministra” y critica que “abordar ahora si suspender o no el sistema genera incertidumbre y malestar entre los mutualistas”
· Señala que la incorporación de estos trabajadores públicos y sus familias a la sanidad pública supondría un “serio problema de saturación de los servicios”
El vicesecretario popular y parlamentario andaluz Daniel Castilla ha denunciado hoy que “el boicot del Gobierno de Sánchez a Muface por motivos políticos genera una enorme inquietud a casi 60.000 funcionarios malagueños”, advirtiendo de que, “a un mes de que finalice el contrato vigente, no es momento de plantear un cambio de modelo a un mes de que finalice el contrato vigente, como ha hecho la ministra de Sanidad”.
“Abordar ahora si suspender o no el sistema de Muface genera incertidumbre y malestar entre los mutualistas”, ha apuntado Castilla, señalando que “la incorporación de estos trabajadores públicos y sus familias a la sanidad pública supondría un serio problema de saturación de los servicios”.
El vicesecretario popular ha indicado que “el próximo 31 de diciembre va a finalizar el convenio vigente con las entidades de seguro para asistencia sanitaria y Muface que se renueva cada dos años”, recordando que “los funcionarios tienen el derecho de optar por la sanidad pública o por la privada desde hace más de cincuenta años”.
Castilla ha advertido de que “se está poniendo en grave riesgo la exclusión sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familiares en España”, precisando que “uno de cada cuatro funcionarios españoles puede verse afectado por la no firma de ese concierto”. Al respecto, ha señalado que, en el caso de nuestra comunidad autónoma, “los afectados son más de 320.000 funcionarios andaluces”.
Por otro lado, ha subrayado que “miembros del Gobierno español del partido Sumar, entre ellos la propia ministra de Sanidad, están proponiendo acabar con este sistema de mutualismo administrativo”, asegurando que, por el contrario, “desde el Partido Popular entendemos que no es el momento de hablar de esta situación a un mes de que termine el concierto, sino que es el momento de cerrar el convenio para garantizar la prestación sanitaria a los funcionarios”.
Por último, ha afirmado que “los mutualistas, de los cuales muchos de ellos son personas mayores, están muy preocupados por la posibilidad de perder esa asistencia sanitaria”, señalando que “muchos de los afectados son personas que tienen programadas una operación o que tienen enfermedades o patologías que requieren de una asistencia periódica y no saben qué médico les va a atender a partir del 1 de enero o qué va a pasar con su historial médico”, ha concluido.
