- El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de Proposiciones no de Ley en el Congreso, para su debate en Pleno, en las que exige al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a abonar a la Comunidad de Castilla y León la compensación correspondiente por las repercusiones en la liquidación del IVA de 2017, realizada por el Ejecutivo de Sánchez en 2019 y que solo cubrió once de los doce meses del citado ejercicio, porque se negó a corregir previamente el sistema para evitar el problema detectado.Las iniciativas del GPP también instan al Ejecutivo socialista responsable de la deuda que devuelva “a todas las CCAA el importe que quedó pendiente en 2017 por la misma circunstancia, evitando la judicialización de una cuestión tan evidente que solo la tozudez del Gobierno ha impedido que se resuelva al margen de los tribunales”.En la exposición de motivos de las Proposiciones, el GPP explica que la Administración General del Estado recibió en el año 2017 los ingresos correspondientes a doce meses de IVA, aunque solamente contabilizó en el presupuesto de ingresos once meses: la recaudación por IVA del mes de noviembre de ese año se ingresó en 2017, pero se contabilizó en 2018.Una vez comprobado el problema, el GPP registró en octubre de 2018 una Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA. Una Proposición de Ley que fue debatida y aprobada su toma en consideración por amplia mayoría (Sí: 171 No: 89 Abstenciones: 81) en diciembre de ese año, aunque no llegó a tramitarse por la finalización abrupta de la legislatura.
LA MINISTRA DE HACIENDA LLEGÓ A DECIR QUE NO DEVOLVERÍA NADA
Ante las continuas peticiones tanto desde el Grupo Parlamentario Popular, como de las CC.AA., incluyendo algunas gobernadas por el PSOE, la sorprendente respuesta de la ministra de Hacienda fue declarar que no iba a devolver nada porque “ese dinero ya no existe”, culpando a los partidos que tumbaron los fallidos presupuestos de 2019 de impedir un ajuste que realmente no requería la aprobación de esos presupuestos, tal y como ponía de relieve la solución jurídica aportada por el Partido Popular en la Proposición de ley antes señalada.
“Desde entonces, hemos exigido al Gobierno en repetidas ocasiones que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe, que afecta tanto a las CC.AA. como a los EELL. La última fue en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno directamente vetó, por lo que no hubo ni siquiera posibilidad de debatirla y votarla”, añade.
Asimismo, se indica que “el dictamen recientemente conocido de la Sala 3a del Tribunal Supremo nos da la razón, al estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del IVA del ejercicio de 2017 y condenar a la Administración General del Estado a abonar a la Administración autonómica demandante la compensación correspondiente, cuyo importe definitivo se fijará en ejecución de sentencia”.
Cada Proposición no de Ley sobre la deuda del IVA registrada por el PP, una por cada Comunidad Autónoma, va suscrita por los diputados correspondientes a las circunscripciones de cada Autonomía, además de llevar todas ellas la firma de la portavoz del Grupo, Cuca Gamarra, y de los responsables del área de la iniciativa.
