Es preocupante observar como el Sindicato de Periodistas de Andalucía entiende que la actual Ley 10/2018, de 9 de Octubre, Audiovisual de Andalucía –publicada por tanto hace dos años y gracias ahora supuestamente al actuar del actual Gobierno de la Junta de Andalucía- no ha conseguido sus objetivos de hundir inconstitucionalmente a través de la asfixia económica a las emisoras radiofónicas pendientes de regularización –que no “piratas”, como ellos con absoluto desprecio y de forma insultante y reiterada mencionan en su escrito-. Se supone que un Sindicato de Prensa debe velar por el artículo 20 de la Constitución (Libertad de Expresión y Prensa), pero no.
Quizás dicho Sindicato desconozca –aunque no debería- que varios importantes informes de Catedráticos de Universidades Andaluzas han demostrado que durante el gobierno socialista en Andalucía -durante sus cuarenta años- no sólo privó a las pequeñas y medianas emisoras de participar en los concursos para adjudicar el espectro radiofónico, sino que dichos concursos fueron amañados y adjudicados ilegalmente a cadenas afines a ellos y sus intereses políticos; quizás desconozca –aunque no debería- que ) cuenta en Andalucía con más de cien emisoras sin “título habilitante” (según fuente Ministerial), no pudiendo ser excusa el es un hecho demostrable que Canal Sur Radio (entidad dependiente de RTVA 1 que pertenezcan a una entidad pública, y que todo ello fue obra de esos cuarenta años de gobierno “socialista” en Andalucía; quizás desconozca – aunque no debería- que el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 12 de abril de 2018, del Parlamento Europeo pone de manifiesto la ilegal acumulación de medios que se produce en España y, por si fuera poco, el Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas ha pedido a España en reiteradas ocasiones que explique el por qué excluye a medios alternativos del reparto de licencias audiovisuales; quizás también desconozca – aunque no debería- que lo mismo proclamó el último informe del “Media Pluralism Monitor” el Centro Europeo para el pluralismo informativo y la libertad de prensa, realizado en 2016.
Ocurriendo todo esto –y a pesar de ello- se proclamó la referida Ley Audiovisual de Andalucía con la intención no de arreglar nada de todo este desentuerto, sino de empeorarlo todavía más. Es una Ley que no recoge solución alguna a todo ello, sino que perpetúa toda esa auténtica barbarie dentro de un supuesto sistema democrático. En definitiva es una Ley que debería ser completamente revisada y adaptándose a nuestro marco constitucional, resolver todo aquello que nos es vergonzosamente reclamado por Europa y el Mundo. Y claro está que las organizaciones que se refieren en el escrito y que dicen defender la aplicación de tan brillante Ley son los mismos que recibieron licencias en aquellos ilegales concursos, los mismos que con el gobierno socialista anterior se hicieron de oro importándoles muy poco lo que ahora parece que les preocupa –la legalidad-. Y el denominado “decretazo” de la actual Junta de Andalucía lo único que ha hecho es intentar constitucionalizar una Ley flagrantemente inconstitucional, a la vez que ofrecer salida a una más que preocupante deficitaria situación económica provocada por la pandemia.
Pero claro está que a la SPA y al resto de organizaciones nombradas eso parece no importarles en absoluto. Aquí lo único que importa es retener lo que consiguieron ilegalmente, y por supuesto a través de no explicar la verdad, hundir –sin dar solución alguna- a los que contra todo derecho fueron excluidos. Fagocitar a las cadenas pendientes de regularización es su execrable objetivo –no otro por mucho que lo quieran disimular-, para quedarse con todo. Más de lo mismo que ocurrió durante cuarenta años en nuestra Comunidad Autónoma, esa querida Andalucía que podría haber progresado mucho más de haber contado con medios de comunicación objetivos y entregados a la veraz información como ayuda social. Andrés Maldonado Cuadrado. Presidente de la Asociación para la Defensa de las Emisoras Locales de Andalucía –Adela-. Domicilio social: Calle Fray Leopoldo núm. 6, bajos de Aguadulce (04720) de Almería. CIF número G93609790. Número de Registro 13.317 -Sección Primera- en el de Asociaciones de la Junta de Andalucía.
