Betis, Atlético de Madrid, Racing de Santander… las otras administraciones judiciales del fútbol

El Málaga CF vive una situación poco común en el mundo del fútbol. Pero que sea poco común, no quiere decir que no existan precedente. José María Muñoz vive más de un lustro siendo el administrador judicial del Málaga CF y para gran parte del malaguismo el periodo del abogado empieza a convertirse en tedioso y muy largo. Otros equipos, gran parte de ellos históricos de nuestro país, han vivido con administraciones judiciales durante periodos de sus historia. Ejemplos como el Atlético de Madrid en la época de Jesús Gil, el Real Betis de Manuel Ruiz de Lopera o el Racing de Santander del empresario indio Ahsan Ali Syed.

Atlético de Madrid: Jesús Gil y una administración judicial ‘fugaz’

El 22 de diciembre de 1999, el juez Manuel García Castellón embargó las cuentas del Atlético de Madrid, destituyó a todos su consejo de admnistración y nombró a Luis Manuel Rubí como administrador judicial de la entidad colchonera. Esta decisión vino motivada por la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción hacia Jesús Gil, presidente de la entidad por aquel entonces, y a 13 personas más.

Rubí presentó un informe a la Audiencia Nacional sobre la viabilidad del Atlético de Madrid y donde detectó irregularidades notables. Se daban datos incorrectos sobre el valor contable de los jugadores, como ocurrió con Mbengue, Djana y Oliveira. Existieron evasiones fiscales con varios de los futbolistas contratados en aquella época como Ayala o Hugo Leal. Dinero negro a la orden del día de la financiación de Jesús Gil y el Atlético de Madrid. El propio administrador judicial llegó a asegurar que el equipo rojiblanco vivía en una situación de «quiebra técnica«. Aunque contaba con viabilidad a futuro por la capacidad de generar ventas, la imagen de la marca y la gran masas social que tenía el Atlético.

En aquella Navidad de 1999, tanto Jesús Gil, presidente, como Enrique Cerezo, por aquel entonces vicepresidente y actualmente presidente de la entidad, fueron despuestos de sus respectivos cargos. Fueron incautadas el 94,5% de las acciones del Atlético de Madrid. El fiscal acusó al que fuera alcalde de Marbella de haber adquirido el club de forma fraudulenta y de conseguir un beneficio ilícito de 9.427 millones de pesetas. En ese momento se inició un proceso judicial que condenó a Jesús Gil a tres años y medio de prisión.

El Atlético de Madrid evitó la suspensión de pagos por el dinero ingresado por una resolución favorable de la FIFA contra el Rangers por el traspaso de Prodan. A Gil se le impuso una fianza, como ocurre ahora con los 9 millones de euros y Al-Thani, y durante ese periodo de tiempo, el Atlético realizó varias ventas. Se marcharon jugadores como Chamot o José Mari. El caos era total. Los jugadores se rebelaron y Ranieri, técnico del Atlético en aquella época, dimitió de su cargo.

Una Navidad de auténtica locura. Días después de que se anunciara la administración judicial del Atlético de Madrid, Jesús Gil anunció su candidatura a las elecciones generales en España. «Prefiero morir enfermo en la cárcel que renunciar a las elecciones generales«, aseguraba el que fuese presidente del Atlético de Madrid. Todo esto sucedía en la temporada en la que el conjunto colchonero descendía a Segunda División. El 7 de mayo del 2000, el conjunto rojiblanco descendía a la categoría de plata del fútbol español.

En lo referido a la administración judicial del Atlético de Madrid, esta duró tan solo cuatro meses. El juez García Castellón devolvió el control a la familia Gil porque ya consideraba que la administración judicial había logrado con su cometido que era el de «impedir que se siguiera delinquiendo y que se destruyeran pruebas fundamentales para la investigación«. Gil continuó en el cargo hasta el 27 de mayo de 2003 que fue el momento en el que presentó su dimisión como presidente. Le sustituyó un Enrique Cerezo que aún sigue al frente del club. También cuenta con gran cuota de importante su hijo, Miguel Ángel Gil Marín, principal accionista del club.

En mayo de 2004, Jesús Gil falleció a los 71 años de edad debido a un paro cardiaco que fue efecto de una trombosis cerebral que sufrió cinco días antes. Poco después de su muerte, en junio de ese mismo año, el Tribunal Supremo le declaró absuelto del ‘Caso Atlético‘ porque este quedó prescrito. Esa misma sentencia le declaró culpable de un delito de estafa al club por simulación de contratos, aunque su condena acabó extinguida por su fallecimiento.

De sacarlo de la UVI… a la administración judicial en la ‘Era Lopera’ en el Real Betis

«Estábamos en la UVI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo ahora os entrego un Betis libre, limpio, en Primera, de ustedes. Viva el Betis«. Quién no recuerda estas palabras de un eufórico Manuel Ruiz de Lopera celebrando el ascenso del Real Betis en 1994 a la Primera División. Por aquel entonces, aún no era presidente del equipo verdiblanco, el puesto que ocupaba era el de consejero delegado. No sería presidente hasta el año 1996.

Su entrada al Betis se produjo en 1991, de la mano de Hugo Galera Davidson que por aquel entonces era el presidente del conjunto heliopolitano. Un año más tarde, cuando el Betis pasó a ser Sociedad Anónima Deportiva (SAD), Lopera se convirtió en el máximo accionista de la entidad. Gobernó el Betis con esas acciones durante 18 años. El Tribunal Supremo, semanas antes de su muerte, sentenció que nunca pagó la gran parte de aquellas acciones.

Lopera puso al Betis en Primera División. Le hizo jugar Champions League en la temporada 2005-06. Consiguió alzar la Copa del Rey en el Calderón tras ganar a Osasuna. La mítica Copa del Rey que presidió el altar durante la boda de Joaquín. Un presidente de otra época. Llegó a hacer el fichaje más caro de la historia con la incorporación de Denilson, pero, al igual que Jesús Gil con el Atlético de Madrid, tenía un lado oscuro. Problemas con los contratos de los jugadores que, algunos de ellos, eran de dudosa legalidad. En el año 2000 sufría un descenso que parecía que le podía costar el cargo. Todo lo contrario. Inauguró la mitad del nuevo estadio a su nombre.

El descenso a Segunda División en 2009 en aquel duro partido ante el Valladolid, fue el principio del fin de Lopera en el Betis. El beticismo se rebeló ante Lopera. Querían su cabeza. De hecho, los accionistas minoritarios iban a jugar un papel clave. Como ocurría en Málaga con la APA. Las querellas presentadas por ‘Béticos por el Villamarín‘ y otras plataformas como fueron ‘Por Nuestro Betis‘ o ‘Liga de Juristas Béticos‘ promovían un cambio. Llevaron a los juzgados las maniobras oscuras de Lopera.

En julio de 2010, el empresario Luis Oliver anuncia que un grupo que él representaba a través de la empresa Bitton Sport se hacía con el 51,34% de las acciones de Manuel Ruiz de Lopera. Iba a pagar por ellas un total de 16 millones de euros. Pagaría 2 millones de euros por adelantado y el resto del pago lo fraccionaría en cinco años. En ese mismo mes, apareció la jueza Alaya (conocida también por llevar la causa de los ERE en la Junta de Andalucía) que fue quién tomó la decisión de que el Real Betis Balompié entrara en un proceso de administración judicial.

Y es que al Jueza Alaya despojó a Lopera de sus acciones por generar, supuestamente, un perjuicio de casi 25 millones de euros a las arcas del club entre 1993 y 2008. Ayala achacaba a Lopera que tenía ‘un plan preconcebido‘ para descapitalizar el club. Además, la instructora puso en duda que Lopera sea el propietario real de una parte importante de sus acciones. En agosto de 2010, la jueza nombra a Rafael Gordillo como de las acciones de Farusa (Ruiz de Lopera). El abogado Juan Manuel González Porrúa sería el administrador del club.

A diferencia del Málaga CF, en el Betis sí se nombró la figura de un presidente más allá de la de un administrador judicial. De hecho, Jaime Sacristán fue elegido presidente. González Porrúa estuvo al frente del Betis a nivel judicial durante seis meses. Falleció. Le sustituyó en el cargo José Antonio Bosch. Este acabó dimitiendo tras descubrirse que hizo negocios a través de su buffete de abogados con los proveedores del club.

Meses después de la entrada de Oliver al accionariado del Betis, dicha sociedad solicita acogerse al concurso de acreedores en enero de 2011. La petición fue aceptada porque se había generado una deuda entre 60 y 80 millones de euros. Durante este periodo también se nombró a Miguel Guillén como presidente del club verdiblanco. En enero, pero del año 2014, llegó al Betis el último de sus administradores judiciales. Se trataba de Francisco Estepa. Una etapa que fue convulsa porque Estepa defendió al marido de la jueza Alaya cuando ambos eran administradores concursales de unos laboratorios cordobeses. Ambos compartían despacho en Sevilla.

Posteriormente, pasaron por la presidencia del club tanto Domínguez Platas como Juan Carlos Ollero. Este último permanecería hasta 2016. En aquel consejo de administración ya estaban tanto Ángel Haro, actual presidente del Betis, como su mano derecha, José Miguel López Catalán. La inesperada dimisión de Ollero hizo que Ángel Haro se convirtiera en nuevo presidente del Betis con López Catalán como vicepresidente. Su porcentaje accionarial fue clave. El 28 de julio de 2017 pasó a la historia del Betis. El club volvió a pasar a las manos de los béticos. En primer lugar, porque Haro se hizo con las acciones que pertenecían a Bitton Sport y Farusa.

Hasta la fecha, Ángel Haro es el presidente del Real Betis Balompié. Un equipo que está ya habituado a jugar en competiciones europeas y que logró volver a saborear un título con la conquista de la Copa del Rey en el año 2022 en La Cartuja.

El Racing de Santander del ‘celebrador de goles’ Ali Syed

En enero de 2011, el empresario indio Ali Syed se hacía con el Racing de Santander. Recordado por su mítica celebración en el palco de El Sardinero en una victoria épica con remontada del conjunto cántabro ante el Sevilla FC. Llegó prometiendo todo. Aseguró que el equipo santanderino llegaría «a grandes cotas a nivel mundial«. Se hacía con el 80% de la propiedad del Racing pagando tres millones de euros. Compró las acciones que pertenecían a Jacobo Montalvo (Dumviro Ventures SL). Se comprometió al pago de las deudas con el Gobierno de Cantabria y con Hacienda. Prometer y prometer para no cumplir.

Su estancia en Santander fue efímera. Ali Syed tenía un plan orquestado. para hacer negocio a través del Racing desde el mismo momento de su llegada. El empresario indio compró el club cántabro con una inversión inicial de 3 millones de euros para luego intentar venderlo por un valor de más de 15 millones. Ali Syed buscaba traspasar el Racing a la familia real de Bahréin. Tres meses después de su llegada, se negó a poner más dinero. No pagaría ni el dinero que se le debía a futbolistas ni lo que se le debía al fisco español.

El mítico presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, le definió más como un mangante que como un magnate. El Racing de Santander acabó acogiéndose a una Ley Concursal en el año 2011. Fue el inicio de alejarse durante más de una década de la Primera División. Un año más tarde, el equipo bajaría a Segunda División. Más tarde se fue al infierno de la Segunda B. Una época económica que fue muy dura para el Racing. De hecho, se vivieron impagos a los futbolistas. E incluso protagonizaron una de las escenas de lo que va de siglo en fútbol español. Decidieron retirarse de una eliminatoria de Copa del Rey porque no percibían el dinero de sus respectivos salarios.

En noviembre de 2013, el Racing de Santander entra en administración judicial. De hecho, se nombra a Carlos de la Dehesa como administrador judicial y se fiscalizaría los ingresos que se consiguieran por abonos y taquillas. La empresa Inmoarrabi, acreedor que aportó 2,5 millones de euros al Racing en 2011, fue quién presentó la solicitud por el administrador. Eso sí, no se apartó de sus funciones al consejo de administración porque esa medida sí consideraba «desproporcionada«. Al frente del club continuará un grupo de empresarios encabezado por Ángel Lavín, una persona odiada por gran parte de la afición santanderina.

Meses más tarde, en febrero de 2014, el mismo juzgado de Primera Instancia nº5 de Santander dejaba sin efecto la administración judicial que había solicitado la empresa Inmoarrabi. La decisión judicial se adoptó «teniendo en cuenta que la misma viene determinada por la petición de la ejecutante, que resulta beneficiosa su adopción para la ejecutada y que ésta se vería perjudicada si se esperase el plazo de suspensión anteriormente reseñado«, apuntaba el magistrado. Sería a finales del pasado año, diciembre de 2024, cuando el Racing de Santander ponía punto y final a 13 años de concurso de acreedores.

Betis, Atlético de Madrid, Racing de Santander… las otras administraciones judiciales del fútbol.