El presidente de la RFEF, Luis Rubiales tendrá que declarar el 21 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid en condición de investigado por un presunto delito de falsificación de documento público, según adelanta el diario ABC. Además, la jueza titular reclama a la Federación el acta de la asamblea general extraordinaria del pasado 16 de diciembre y el escrito de alegaciones presentado cinco días antes al Consejo Superior de Deportes. Se trata, al parecer, de una denuncia del presidente de la Federación Madrileña, Paco Díez.
La denuncia nace por el (fallido) empeño de Luis Rubiales por asegurar, en la Asamblea de la RFEF, la presencia de hasta 19 nuevos miembros natos más (con derecho a voto, y presumiblemente, partidarios del actual presidente en condiciones normales). Después intentó que fueran sólo cinco, algo a lo que el CSD parecía dispuesto, pero que finalmente no otorgó y que, ahora, una magistrada investiga para comprobar que no se alterasen las leyes durante todo este proceso. Tanto el presidente de la RFEF como su secretario general, Andreu Camps, van declararar en condición de investigados por un presunto delito de falsificación de documento público. Un caso que empezó por querer 19 miembros natos másRubiales pretendía introducir 19 miembros natos a la nueva asamblea en el proceso electoral que tenía previsto celebrarse en 2020 y que ahora la crisis del coronovirus ha frenado en seco. La modificación era decisiva, afectaría al resultado final de la elección presidencial, pues esos 19 miembros natos -al igual que los presidentes de las federaciones territoriales- tienen derecho a voto.
Para que Rubiales pudiera realizar dicha modificación, necesitaba que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) emitiera un dictamen no vinculante; que la secretaria de Estado para el Deporte aceptara la modificación y que lo aprobara la Comisión Directiva del CSD.El TAD no lo aprobó, de hecho lo rechazó con un informe durísimo. El CSD concedió un periodo de alegaciones a la Federación, que en diciembre rebajó de 19 a 5 el número de nuevos «asambleístas a la carta», lo que suponía que dos representantes del voley playa, así como el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic como clubes de Primera división más antiguos, podrían votar directamente al presidente sin tener que ser elegidos en las urnas. Un movimiento raro del CSDEn un tiempo récord, absolutamente inusual, el CSD aceptó la nueva propuesta de la RFEF para que pudiera llegar a tiempo a la asamblea que se celebró el 16 de diciembre.
Sin constar en ningún punto del orden del día y ya en el capítulo de ruegos y preguntas, Andreu Camps, explicó que, según él, no se trataba de aprobar nada nuevo: «Es una adaptación, porque la decisión es la misma. No hay una modificación de la decisión adoptada anteriormente por la asamblea», argumentó tal y como explica el diario ABC. Al día siguiente, según consta en las diligencias, tuvo entrada en el registro del Consejo una certificación firmada por Andreu Camps en la que se aseguraba que la Asamblea General de la Federación «ha prestado su conformidad, en relación con la inclusión de una serie de miembros natos en la composición de la citada Asamblea y la consecuente modificación del artículo 28 de los Estatutos Federativos». Sin embargo, y aquí está la clave, en la denuncia se asegura que es falso que se diera dicha conformidad y para ello aporta el vídeo de la asamblea de diciembre, en el que, alegan, en ningún momento hubo oportunidad de que alguno de los asambleístas pudieran mostrarse a favor o en contra de la nueva versión de los Estatutos Federativos.
Al final, la Federación desistió de dicha reforma y la asamblea general seguirá incluyendo a 140 miembros.La versión de la RFEF Por su parte, desde la RFEF aseguran que se trata de una denuncia del presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez. «Se votaron 19 miembros natos, salió creo que por unanimidad», aseguran fuentes federativas. «El presidente de la Madrileña votó que sí, representando al fútbol madrileño. Unos meses más tardes el CSD contestó que, de los 19, sólo se aceptaban cinco miembros natos nuevos, a priori. Al final la Federación renunció a utilizar esos cinco en las elecciones», añaden las mismas fuentes.Además, añaden tres puntos: no es documento público, fue votado afirmativamente por Paco Díez (el denunciante) y si se confirmase que es una denuncia falsa, podría tener consecuencias.
