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El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha exigido atajar cuanto antes la ocupación ilegal de inmuebles en el congreso sobre la materia organizado por la Abogacía de Málaga y los colegios de abogados de Barcelona y Mataró.
En la inauguración del congreso han participado también la ministra de Justicia, Pilar Llop; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mari Fran Carazo, la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el decano de Abogacía de Málaga, Salvador González; el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez; la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, y la directora de Asesoría Jurídica y Cumplimento normativo de la Fundación Unicaja, Isabel Fernández.
En el acto, Salado ha afirmado que “hay que tener voluntad política para regular y evitar la ocupación ilegal, para poner en marcha un cambio normativo que dé seguridad jurídica a los propietarios y a los inversores”, y ha apuntado que lo que pasa en España no tiene parangón en Europa ni en muchos países civilizados. “Quizás sólo Portugal tiene una situación parecida, pero Alemania, Reino Unido, Holanda o Estados Unidos han articulado leyes específicas con las que han conseguido importantes avances en esta materia”, ha explicado.
El presidente ha apuntado que en nuestro país es muy difícil echar a los ocupas, ya que el procedimiento puede alargarse durante varios años, con el consiguiente gasto económico y psicológico que conlleva. Además, ha recordado que en este asunto se conjugan dos derechos fundamentales que hay que proteger: por un lado, el derecho a la vivienda y, por otro, a la propiedad privada.
Salado ha señalado que la vivienda es un “elemento básico” en el proyecto de vida de cualquier ciudadano y, como tal, hay que respetarlo, y ha manifestado que la defensa de la vivienda legítima y la inviolabilidad de los domicilios privados deben estar en la base de la regulación de este fenómeno ilegal del que también se benefician las mafias.
“Estos grupos organizados no sólo perjudican a los propietarios, sino también a personas y familias vulnerables que recurren desesperados a la ocupación”, ha apuntado el presidente de la Diputación, quien ha aseverado que estas situaciones generan incertidumbre y pueden alterar la convivencia. Frente a esta realidad, aboga por articular medidas que aumenten la eficacia frente a la ocupación y que eviten que se cargue todo el peso del procedimiento en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en los fiscales.
Turismo e inversión extranjera
En el caso de Málaga y la Costa del Sol, Salado ha advertido del daño que este fenómeno produce desde el punto de vista turístico y del inversor extranjero.: “Hay que ofrecer seguridad jurídica y mejorar la coordinación entre los distintos agentes de los procesos judiciales”, ha insistido.
Durante los días 19 y 20 van a intervenir magistrados, abogados, fiscales, alcaldes, cuerpos y fuerzas de seguridad, asociaciones de empresarios y representantes vecinales para abordar la ocupación ilegal desde todos los puntos de vista y tratar de establecer puntos de encuentro.
Salado ha señalado que también es bueno que asista la ministra, “porque el Gobierno sabe que solucionar este asunto tiene que ser prioritario y que debe articularse un proceso específico para acelerar los procedimientos, algo que no existe actualmente en el ámbito civil”.