La Junta de Andalucía ha recuperado para la titularidad pública el edificio de “Andalucía Lab”, ubicado en el término municipal de Marbella que fue en su día vendido a la empresa Inversiones Holmes, propiedad de fondo WP Carey.
El presidente de la Mancomunidad, Manuel Cardeña, acompañado por el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política, Industria y Energía de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García, han visitado esta mañana el edificio en una simbólica “toma de posesión”. Cardeña ha señalado que “se da la circunstancia de que los terrenos donde se encuentra este edificio son propiedad de la Mancomunidad, cedidos en su día a la Junta para su construcción, a la que además añadimos una considerable inversión de unos 100 millones de pesetas de entonces”.
Sin embargo, añadió Cardeña, “cuando la entonces consejera socialista de la Junta de Andalucía, Mariló Montero, decidió vender el edificio, no contó con nuestra opinión”, por lo que ahora se congratula “de poder recuperar parte del patrimonio de los once municipios mancomunados”.
Por su parte, Carlos García ha explicado que “La Junta ha recomprado por 328 millones de euros los edificios que vendió en 2014 a la empresa Inversiones Holmes, propiedad de fondo WP Carey, poniendo fin a las consecuencias nefastas para Andalucía de un contrato ruinoso que firmó María Jesús Montero. Aquel acuerdo, por el que la Junta ingresó 300 millones de euros para hacer frente a un problema de liquidez, obligaba a la Junta a alquilar al menos durante 20 años los mismos edificios que hasta entonces habían sido suyos. Pasado este tiempo, la Junta tendría que renegociar un nuevo precio para el alquiler de las sedes o buscar una solución que permitiera reubicar a más de 8.500 empleados públicos”.
Entre los edificios 70 inmuebles de la operación se encontraba este situado en Marbella, cuya compra “se habrá amortizado en menos de una década. En diez años habríamos pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra. La Dirección General de Patrimonio, que ha liderado la operación de compra de estos edificios, está desarrollando desde 2019 una estrategia para el ahorro de costes innecesarios y la puesta en valor del abundante patrimonio inmobiliario acumulado por la Junta de Andalucía durante las etapas de gobierno socialista que ha permanecido infrautilizado o sin uso, incluso abandonado, desde hace décadas”.
