El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad una moción para exigir al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y ejecute cuanto antes la construcción de la desaladora de la Axarquía, que fue declarada de interés general del Estado.
El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible y portavoz del equipo de gobierno, Cristóbal Ortega, ha afirmado que esta infraestructura es fundamental para aliviar las necesidades hídricas de esta comarca y del conjunto de la provincia y ha recordado que el Gobierno anunció su construcción en mayo de 2023, poco antes del inicio de la campaña electoral para las municipales.
Tal y como se detalla en la moción presentada por el grupo popular, en julio de 2023 se firmó un protocolo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el que se detallaba que la Junta de Andalucía aportaba toda la documentación disponible para agilizar la ejecución de las obras y colaboraba en la puesta a disposición de los terrenos donde tendría que ubicarse la infraestructura.
Tras un periodo de tiempo en el que dilató el proceso, el Gobierno admitió en una respuesta parlamentaria fechada el 3 de abril de 2024 que la competencia para hacer el proyecto técnico es suya y que, para llevarla a cabo, debe encomendárselo a la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), a quien corresponde precisamente la redacción del proyecto, la tramitación administrativa y la licitación de la obra, previa aprobación del proyecto por parte del Ejecutivo. “De este modo, quedó acreditado que es el Ministerio para la Transición Ecológica el que tiene paralizada esta infraestructura”, ha afirmado Ortega, que ha lamentado que “aún no ha movido ni un dedo para impulsar esta infraestructura tan importante para el presente y el futuro de la Axarquía y de la provincia”.
