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Fuengirola inicia la transformación de su estructura administrativa y de acción ciudadana con la aprobación inicial del nuevo reglamento orgánico, que adapta el funcionamiento y la organización de la ciudad a la legislación andaluza de los municipios de gran población. El documento normativo ha recibido los votos favorables de los grupos Partido Popular, Ciudadanos, Vox e Izquierda Unida y con la abstención del PSOE.
El texto normativo aprobado hoy conlleva la modificación de la organización interna del Ayuntamiento, con la creación de nuevos órganos de gestión, de nuevas figuras directivas, así como un nuevo sistema de funcionamiento adaptado a la actual realidad de la localidad, con más de 80.000 habitantes censados.
En este sentido, como ha indicado el ponente de la propuesta, el teniente de alcalde Rodrigo Romero, el nuevo reglamento “incide en asuntos esenciales de la organización política y administrativa, en el funcionamiento de los órganos de gobierno y en los de control, tanto político como ciudadano”. No en vano, como ha recalcado, “regula las bases del ejercicio del derecho a la información y participación ciudadana”.
En este último aspecto, el documento prevé que se puedan celebrar dos debates sobre el estado del Municipio durante cada mandato, posibilita la creación de órganos como la Comisión de Reclamaciones Económico-Administrativas para tramitar las demandas de cualquier vecino, o una Oficina de Defensa de la Ciudadanía, entre otros organismos.
En lo relativo a la estructura administrativa, el texto contempla la división del ejecutivo municipal en diferentes áreas municipales, la creación de coordinaciones y direcciones generales en diferentes concejalías, o la implementación de la Comisión Especial de Cuentas y de un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno, entre otras novedades.
La normativa aprobada hoy de forma inicial, que como ha afirmado Romero “nos permitirá seguir avanzando en la mejora del gobierno de la ciudad y seguir persiguiendo la excelencia en todos los servicios que desde el Ayuntamiento se prestan a los ciudadanos”, sustituirá al hasta ahora vigente, de 1986.
“Confiamos que este nuevo reglamento nos permita ser más eficaces en nuestro permanente intento de mejorar los servicios municipales, y ante todo, en el trato con el ciudadano. Aspiramos a que sigan participando en la construcción de la mejor Fuengirola posible, y que se sientan oídos cuando tengan una propuesta, apoyados cuando estén desarrollándola, y acompañados cuando la pongan en marcha. Hemos construido entre todos un lugar envidiable para vivir donde disfrutamos de las ventajas de un pequeño pueblo costero, pero por población, nivel de servicios, actividad económica y prestaciones estamos al nivel, si no por encima, de muchas capitales de provincia. Por este espectacular y exitoso crecimiento de se hace necesario adaptar nuestra normativa a las circunstancias poblacionales actuales”, ha explicado el edil.
Consenso
Por su parte, la alcaldesa Ana Mula ha asegurado que el equipo de Gobierno se ha esforzado por lograr un texto “lo más consensuado posible” con todos los grupos políticos con representación en el Consistorio. De hecho, como ha especificado, ha celebrado varias reuniones en la que todos sus representantes han planteado diferentes modificaciones o planteamientos al documento elaborado por el ejecutivo local. De estos, se aceptaron dieciocho, se desecharon diez, mientras que ocho fueron desestimados directamente por los servicios jurídicos municipales.
“Creo que es un buen reglamento. Como siempre, en estos asuntos importantes para la ciudad, me he esforzado en contar con el respaldo de todos los grupos, de forma que aprobáramos un documento consensuado. Por lo tanto, creo que es un texto objetivo, que es válido para cualquier gobierno que tenga que dirigir la ciudad y que está a la altura de lo que Fuengirola y todos los que vivimos necesita”, ha manifestado la regidora.
Fuengirola es municipio de gran población desde el 9 septiembre de 2020, cuando el Parlamento Andaluz aprobó dicha denominación por unanimidad. Según la normativa andaluza, esta catalogación puede aplicarse a aquellas localidades que cuentan con entre 75.000 y 175.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales especiales. Su denominación permite, entre otras cosas, organizar el término municipal en distritos, establecer coordinaciones generales de áreas o fomentar la acción ciudadana por medio de consejos de la ciudad. Igualmente, posibilita a los ayuntamientos recibir una parte de los ingresos tributarios indirectos generados en su territorio.