@RadioMarcaMLG || Los socialistas presentarán mociones en los ayuntamientos, la Diputación de Málaga y en el Parlamento de Andalucía para que Álora, Archidona, Benalmádena, Campillos, Coín, Fuengirola, Manilva, Ronda y Torrox mantengan los acuerdos con los registros de la propiedad para la liquidación de impuestos, un cierre que afectará a más 434.000 malagueños y puede provocar el despido de 200 trabajadores en el conjunto de la Comunidad Autónoma. En la reunión de la ejecutiva provincial socialista, exigirán también al gobierno de PP y Cs en Andalucía que no lleve a cabo los recortes a las asociaciones malagueñas que luchan contra la violencia de género como la Federación de Mujeres Ágora, la Federación Feminista Gloria Arenas, la Asociación ASAMMA o la Plataforma Violencia Cero. De igual forma, Ruiz Espejo ha anunciado que la dirección provincial iniciará una ronda por las comarcas de la provincia para presentar a la militancia las políticas del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, hacer balance del gobierno de las derechas andaluz y potenciar la campaña ante el 28F, al igual que se convocará al Consejo de Alcaldes y al Consejo Territorial como foros "que tienen mucho que decir en la estrategia del partido", ha dicho el dirigente socialista.
El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha informado esta mañana de la reunión de la dirección provincial que se celebrará esta tarde en la capital. "Tras un intenso año electoral presentamos una serie de iniciativas estratégicas que desarrollará la dirección del partido, incidiendo en los ataques a los servicios públicos que se están llevando desde el gobierno de PP y Cs en Andalucía, impulsar las políticas de igualdad e incrementar el trabajo parlamentario así como impulsar el Consejo de Alcaldes o el Consejo Territorial, que tienen mucho que decir en la estrategia del partido", ha explicado.
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Así, ha destacado que una de las resoluciones que tratará en la reunión de la dirección provincial socialista será el recorte del gobierno de Moreno Bonilla a las ayudas que reciben las asociaciones que luchan contra la violencia de género. Solo el 8,5% de las solicitudes presentadas, cuatro de 47 proyectos, han sido aprobadas por el gobierno andaluz, con un montante total de 112.000 euros, lo que no representa ni el 6% del total de la financiación prevista en el conjunto de la Comunidad Autónoma, de forma que asociaciones como la Federación de Mujeres Ágora, la Federación Feminista Gloria Arenas, la Asociación ASAMMA o la Plataforma Violencia Cero no podrán realizar sus proyectos. De igual forma, Ruiz Espejo ha anunciado que los socialistas denunciarán en otra resolución "la supresión de las oficinas liquidadoras que están ubicadas en los registros de la propiedad de las principales comarcas de nuestra provincia prestan un servicio cercano y eficiente a los contribuyentes malagueños".
En este sentido, los socialistas exigirán que se revierta el cierre o reducción de servicios de estas oficinas liquidadoras por el grave perjuicio que provoca en las zonas rurales, instando a la Junta de Andalucía a que firme un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad de Andalucía que garantice el mantenimiento de las 91 Oficinas Liquidadoras de Andalucía, 14 de ellas en la provincia de Málaga, con todas las competencias y servicios que tenían en el anterior convenio y manteniendo todos los puestos de empleo que tenían. "También vamos a pedir que se mantenga el acuerdo con los Registros de la Propiedad para seguir prestando, como en los últimos años, en las 91 Oficinas Liquidadoras, 14 en Málaga, el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", ha expresado, un servicio que afecta a unos 434.746 malagueños y malagueñas en las zonas rurales.
En la provincia de Málaga, además de una gerencia provincial en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 22, en Málaga capital, había un total de 14 oficinas liquidadoras en los siguientes municipios: Álora, Antequera, Archidona, Benalmádena, Campillos, Coín, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Ronda, Torrox y Vélez-Málaga. Entre otras funciones, gestionan los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, Vehículos y Embarcaciones. También se encargan de las liquidaciones complementarias, alegaciones, recursos de reposición, tasación pericial contradictoria, aplazamientos y fraccionamiento de pagos, devoluciones de ingresos indebidos y un largo etcétera.
"Estas oficinas se rigen por un convenio entre la Junta de Andalucía y los registros de la propiedad que expiró el pasado 31 de diciembre", ha recordado Ruiz Espejo. "Ante la finalización de este convenio, el actual gobierno de coalición de Andalucía, integrado por el PP y Ciudadanos, ha planteado una reforma de éste, que supone de hecho el cierre de 9 oficinas de nuestra provincia y la reducción de competencias y servicios de todas ellas", ha lamentado. En concreto, el cierre afecta a los municipios de Álora, Archidona, Benalmádena, Campillos, Coín, Fuengirola, Manilva, Ronda y Torrox.
Con el recorte, además de tramitar sus impuestos en la Gerencia Provincial de Hacienda de la capital, los ciudadanos y las ciudadanas de los municipios que realizaban sus trámites en las oficinas liquidadoras de Archidona, Campillos y Ronda tendrán que desplazarse con la reforma planteada por el Gobierno del PP y Ciudadanos a la oficina liquidadora de Antequera; los que realizaban sus trámites en las oficinas liquidadoras de Benalmádena y Manilva tendrán que desplazarse a la oficina liquidadora de Estepona; los que realizaban sus trámites en la oficina liquidadora de Coín tendrán que desplazarse a la oficina liquidadora de Marbella; los que realizaban sus trámites en las oficinas liquidadoras de Álora y Fuengirola tendrán que desplazarse a la oficina liquidadora de Mijas; y los que realizaban sus trámites en la oficina liquidadora de Torrox tendrán que desplazarse a la oficina liquidadora de Vélez-Málaga.
"Los socialistas consideramos que esta reforma que propone el gobierno de las derechas es un auténtico atropello que está siendo muy cuestionado por registradores y empleados de los registros de la propiedad, así como a contribuyentes y responsables municipales. Es una decisión que castiga a los municipios más perjudicados por el fenómeno de la despoblación junto con otras como el cierre de líneas en las escuelas rurales o la reducción de personal y horarios de los centros de salud, no hacen más que ahondar la problemática de la despoblación en nuestros pueblos. En lugar de acercar los servicios públicos a la ciudadanía los aleja, empobreciendo aún más a las zonas rurales", ha aseverado.
