Los diputados nacionales por el PP de Málaga Pablo Montesinos, Carolina España y Mario Cortés han redactado una Proposición No de Ley (PNL) que registrarán para su debate en el Congreso con el objetivo de exigir al Gobierno de España que excluya del dominio público marítimo-terrestre las viviendas afectadas de los terrenos de El Palo, Pedregalejo y La Araña.
Así lo ha explicado España en rueda de prensa, recordando que, “en 2013, el anterior Gobierno del PP aprobó una modificación de la Ley de Costas que permitía el deslinde de la zona marítimo-terrestre de una serie de núcleos poblaciones, entre los que se encontraban El Palo, Pedreglejo y La Araña”, lamentando que, por el contrario, el Ejecutivo de Sánchez no haya hecho nada al respecto.
“El PSOE primero interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la Ley de Costas que tardó varios años en resolverse, si bien el Tribunal Constitucional estableció que era posible realizar dicho deslinde y dotar así de seguridad jurídica a esas viviendas”, ha explicado la diputada popular, criticando “la actitud de los socialistas, una vez más, de poner palos en las ruedas a los malagueños”.
De este modo, ha especificado que “si bien hay una zona de Pedregalejo más avanzada, la realidad es que desde que Sánchez llegó al Gobierno hace tres años y medio, el Gobierno no ha hecho absolutamente nada; ya está bien”.
“Entiendo perfectamente la indignación de los propietarios de las casas de El Palo y Pedregalejo porque la ley está para cumplirla, aunque la guerra abierta ahora entre los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda mantiene bloqueada cualquier acción al respecto”, ha abundado España.
“Una vez más, desde el Partido Popular nos hacemos eco de la reclamación de los vecinos y llevaremos su voz hasta el Congreso porque ya está bien”, ha añadido, apuntando que “el PSOE tiene que actuar para regularizar estas viviendas y, como el PP aprobó una ley que lo permite, le pedimos que cumpla la ley, que los ministerios se pongan de acuerdo y que pongan fin a esta inseguridad jurídica cuanto antes, después de tres años y medio al frente del Ejecutivo”.
Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Por su parte, el diputado nacional Mario Cortés ha mostrado el apoyo del PP a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que mañana se manifiestan en Madrid contra la reforma del Gobierno a la Ley de Seguridad, señalando que “al Ejecutivo socialista le están pasando factura los pactos con independentistas, separatistas, comunistas y Bildu”.
Tras reunirse con representantes de Jucil, Jupol y UPLB, Cortés ha mostrado su preocupación ante la modificación de la Ley de Seguridad, “una norma que el PP impulsó y que ahora el Gobierno ha modificado para quitar autoridad a los agentes de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil”, ha expuesto.
“En un contexto en el que las agresiones a los agentes se han visto incrementadas, el PSOE, de la mano de la izquierda radical e independentistas, modifica la ley para restar autoridad a quienes velan por nuestra libertad y nuestra seguridad”, ha afirmado.
En este punto, el diputado popular ha cuestionado la modificación de la norma para que no exista obligación de comunicar previamente una concentración. “Imagínense las consecuencias de celebrar concentraciones sin comunicación previa, de manera que no pueda existir previsión por parte de los agentes ante posibles altercados o disturbios; imagínense la impunidad total de la que se dota a los posibles agitadores y los efectos nocivos que esto puede suponer para la mayoría de los ciudadanos”, ha explicado.
En esta línea, ha criticado igualmente “que las sanciones impuestas sean acordes al poder adquisitivo del infractor, de manera que si los altercados los encabezan personas sin recursos, este hecho dotaría de total impunidad a quienes quieran dañar el mobiliario urbano, por ejemplo”.
En definitiva, Cortés ha argumentado que “se trata de una norma que resta capacidad de acción y efectividad a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para mantener el orden en cualquier ciudad o municipio pequeño”, abundando en que “no es una cuestión exclusiva de respaldo legislativo a los agentes, sino de una modificación que afecta a la realidad social, ya que cuanto menos autoridad tengan estos agentes, más opciones tienen las personas que delinquen, mermando así la tranquilidad y la seguridad ciudadana”, ha concluido.
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