La Diputación de Málaga va a movilizar este año 233 millones de euros en un plan extraordinario de inversiones y actuaciones, denominado ‘Plan Málaga’, para hacer frente a las graves secuelas económicas y sociales que el coronavirus Covid-19 está provocando en familias, trabajadores y empresas de la provincia. La institución provincial ha realizado un importante reajuste del presupuesto de este año que, unido a los remanentes de 2019, va a permitir poner en marcha un conjunto de medidas y proyectos centrados en el empleo, la recuperación de la actividad económica de la provincia, las ayudas al tejido productivo y las políticas sociales y de apoyo a las familias.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha detallado hoy las líneas prioritarias de este plan junto al vicepresidente primero y responsable del área de Desarrollo Económico y Social, Juan Carlos Maldonado.
Salado ha explicado que el ‘Plan Málaga’, diseñado en un tiempo récord, es el más ambicioso acometido hasta ahora por la Diputación y supone una apuesta histórica para hacer frente al enorme desafío que la epidemia del coronavirus ha supuesto para todos. Igualmente, ha incidido en que es fruto del intenso trabajo del equipo de gobierno, formado por Partido Popular y Ciudadanos, en coordinación con el esfuerzo de los trabajadores de la institución provincial, y para el que se ha contado con las aportaciones que se solicitaron a los grupos de la oposición.
“Hemos incorporado la mayoría sus propuestas -ha añadido- y esperamos que voten a favor de la modificación presupuestaria que queremos aprobar en el pleno previsto para el día 20. Las necesidades y problemas de los malagueños apremian, y no hay tiempo que perder en estériles pugnas políticas. Estamos de acuerdo en el 90% del contenido del ‘Plan Málaga’ y hay que ponerlo en marcha cuanto antes”.
Por ello, considera fundamental el diálogo y la cooperación entre las instituciones y los partidos para que este plan sea un éxito, “no sólo de la Diputación, sino también de todos los ayuntamientos, que son protagonistas del mismo, y de las empresas, autónomos y trabajadores de la provincia”.
Provisión de los fondos del plan
El presidente de la Diputación ha concretado que los 233 millones del ‘Plan Málaga’ proceden básicamente de tres fuentes. Por un lado, los remanentes de tesorería tanto de la Diputación como del Patronato de Recaudación Provincial y de los Consorcios de Residuos, Bomberos y Aguas, que suman en total cerca de 60 millones de euros.
Además, otros 28 millones de euros se obtendrán de una modificación del presupuesto de este año que se debatirá por la vía de urgencia en el pleno del miércoles próximo. “Hemos revisado de arriba a abajo el presupuesto y hemos cambiado -ha precisado- el uso de partidas por valor de 28 millones de euros, que corresponden a actuaciones que no se han podido ni podrán realizar por la epidemia o que hemos considerado no prioritarias en estos momentos de emergencia”.
Y a las dos cantidades anteriores se unen 145,4 millones de euros del presupuesto de la Diputación de este año, que se mantienen vigentes porque están focalizados en las nuevas prioridades: el empleo, las ayudas a los sectores productivos y las políticas sociales.
Apuesta por el municipalismo y por la autonomía local
Francisco Salado ha desglosado las principales líneas del ‘Plan Málaga’, destacando que contempla una apuesta sin precedentes por los ayuntamientos y por la autonomía local. “Nunca la Diputación ha transferido más dinero a los municipios, porque consideramos que son la administración más cercana a los ciudadanos y que con mayor agilidad y urgencia puede dar respuesta a sus problemas y necesidades”, ha indicado. Al tiempo, ha insistido en que confía en que el Ministerio de Hacienda permita utilizar también el superávit, “un ahorro que pertenece a los malagueños”.
En este sentido, se inyectará a los ayuntamientos de la provincia más de 70 millones de euros hasta final de año. Una de las medidas que se ha decidido es adaptar el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, dirigido a los 87 municipios menores de 20.000 habitantes y que este año está dotado con 33,8 millones de euros, para atender las necesidades más urgentes de los pueblos.
En marzo, se transfirieron a los ayuntamientos 15 millones de euros como fondos incondicionados y quedaban 18,8 millones por repartir en diferentes programas de obras, suministros y servicios que habían sido seleccionados por los consistorios antes de que comenzara la crisis. De esa cantidad pendiente, para facilitar que los municipios dediquen los fondos a los proyectos y actuaciones que les permitan atender las prioridades ocasionadas por la crisis sanitaria, 17 millones de euros se emplearán en lo que cada ayuntamiento estime más urgente. Y los 1,8 millones restantes se destinarán a obras que ya estaban programadas y comprometidas.
Otra medida que afecta directamente a la tesorería de los ayuntamientos es que la Diputación, además de sufragar las cuotas de los municipios de menos de 5.000 habitantes correspondientes a los consorcios de Bomberos, Residuos y Agua, también financiará íntegra o parcialmente las cuotas del resto de municipios adheridos, lo que les va a suponer un ahorro a las arcas de esos ayuntamientos superior a los seis millones de euros.
