La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mostrado hoy en Málaga su malestar por las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la gestión autonómica de las ayudas estatales de 1.109 millones de euros para la solvencia empresarial, y ha pedido respeto para el equipo de funcionarios que “han suspendido sus vacaciones porque creen en su trabajo” y para aligerar al máximo la gestión de estas subvenciones.
Durante la apertura del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) sobre “Empleo y protección social tras la Covid 19. Políticas estructurales en el contexto del estado social de las autonomías”, Rocío Blanco se ha referido en su conferencia inaugural a las críticas del presidente del Gobierno en un acto electoral, y ha asegurado que le “entristece, sobre todo por el equipo de funcionarios”, estas valoraciones que, además, están “muy lejos de la realidad”.
La consejera ha recordado los “requisitos laberínticos” de unas ayudas fijadas por real decreto ley que son finalistas y que son muy costreñidas, lo que impide su llegada al tejido productivo. “Hay empresas que no han tenido un 30% de caída de facturación, o empresas cumplidoras que pagan sus deudas, o que tienen declaración negativa en 2019… y no pueden acogerse a estas ayudas, los requisitos son tales que es muy difícil que una empresa pueda cumplirlos”, ha añadido Rocío Blanco, que ha recordado que la Consejería de Empleo trasladó al Gobierno de España un informe “prolijo” al respecto proponiendo mejoras que no fue atendido.
Con respecto al tema central de su conferencia, Rocío Blanco ha explicado que el ritmo de vacunación, que en Andalucía ya supera el 71% de la población, y la eliminación progresiva de restricciones ha tenido un efecto directo en la actividad económica y también en el empleo que corroboró el descenso del paro del mes de agosto.
No obstante, la consejera ha pedido que se tenga en cuenta al grupo de trabajadores que aún se mantiene en los ERTE y todos aquellos autónomos acogidos a prestación por cese de actividad, que hoy podrían engrosar las listas del paro, un grupo de unas 84.000 personas, y que es previsible que el final de septiembre suponga un aumento del desempleo cuando concluyan todos los contratos de temporada.
Con respecto a este año, la consejera ha citado la previsión que ha realizado la Secretaría General de Economía de la Junta, situando el crecimiento regional este año en un 7%, aunque la tasa de paro se moverá en horquillas de entre el 23,9% y el 22% en 2021 y 2022, según algunas predicciones como la de BBVA Research.
Rocío Blanco ha hecho un repaso a las medidas extraordinarias que su departamento ha puesto en marcha con carácter extraordinario por la pandemia, primando la aplicación de procesos administrativos automatizados para aplicarlas con la máxima celeridad. En este sentido, ha citado los más de 102 millones de euros que han beneficiado a 125.000 autónomos; las medidas para el mantenimiento de empleo en empresas con ERTE, con casi 24.000 solicitudes ya resueltas por 90,8 millones, o la ayuda de 210 euros a trabajadores afectados por ERTE, que han supuesto en tiempo récord resolver 343.000 pagos
Igualmente, la consejera se ha referido a los 1.109 millones para subvenciones a la solvencia empresarial con fondos estatales, una línea que “no hemos podido automatizar todo lo que queríamos por la imposición del decreto estatal”, pero ha reconocido el esfuerzo del equipo de la Consejería durante el mes de agosto, ya que el plazo de presentación de solicitudes se cierra el 15 de septiembre y ya se han abonado 1.626 ayudas por valor de 4,5 millones, estando previsto en breve el abono de otros 140 millones.
Por último, Rocío Blanco ha detallado medidas de carácter estructural para corregir deficiencias como el bajo nivel de intermediación laboral del SAE, la alta tasa de paro o la baja cualificación de los desempleados, actuaciones entre las que ha citado la aplicación de un nuevo modelo de gestión integral del Servicio Andaluz de Empleo; la puesta en marcha de un sistema de perfilado estadístico para mejorar la atención a desempleados y empresas; la aplicación de un nuevo modelo de FP para el Empleo; o medidas destinadas a favorecer la igualdad, como incentivos para favorecer la conciliación, dirigidos a personas con discapacidad, medidas para colectivos desfavorecidos o medidas estratégicas destinadas a los jóvenes.
